Las mujeres juegan un rol de gran importancia en la historia de nuestra sociedad; es indudable que, aunque siempre han estado detrás de los eventos que han cambiado la ruta de nuestra política, es hasta hoy que se habla de ello y se les reconoce como miembros activos y principales participes de los grandes movimientos que han sacudido nuestras comunidades.

Hoy por hoy se han dado grandes avances para reconocer la importancia de la feminidad como elemento esencial de una estructura o tejido social, por ello se han mejorado las leyes, se les han abierto espacios para que se expresen, además de crear mecanismos para que estas se incluyan en la vida política del país. A pesar de esto, nos quedamos cortos en garantizar el acceso a las mismas oportunidades entre hombres o mujeres, o siquiera, que las limitantes para ellas no sean tan marcadas.

No se han cumplido aún 100 años en nuestro país desde que las mujeres pudieron emitir su voto por primera vez, un gran paso en materia democrática, aunque su participación política va más allá de su asistencia el día de la jornada electoral. Su participación real se encuentra en la representación política, la afiliación, el conocimiento y la posibilidad de plantear temas reales para que se mejoren las condiciones de vida no sólo de ellas sino de los grupos sociales que también han sido desplazados.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas apenas un 18.5 % de las posiciones de representación política en altos rangos están siendo ocupadas por mujeres; es decir, no se han logrado equiparar con los hombres el acceso para las mujeres a cargos de mayor importancia, sin embargo, estas cifras representan un 60 % de avance comparadas con las de los años 70, en que las mujeres apenas si lograban un 11 % en este rubro.

Considerando que en la actualidad más del 50 % de la población en el mundo corresponde a mujeres, podemos dimensionar el tamaño del fenómeno, por ende, también el del problema. En México hay 64 millones de mujeres, un 51.4 % del total de la población nacional, cifra no distante de las presentadas a nivel global, por lo que, en el año 2019, después de debatirse y llevarse al pleno se decidió aprobar la Ley de Paridad de Género. A través de ella se garantiza que las mujeres puedan acceder a la posibilidad de ser votadas a cargos públicos o de representación popular sin la desventaja común que se dictaba hace unos ayeres: la de ser mujer.

Era bien sabido que los hombres eran quienes estaban al frente de las decisiones, aunque estas tuvieran que ver con asuntos de mujeres. Lo que significaba un gran tropiezo a la igualdad, la búsqueda de equidad y los fundamentos de la vida política en democracia. Tener mujeres al frente de las decisiones de nuestro país nos abre el camino a que estas estén mejor pensadas, analizadas y sustentadas. ¿Quién mejor para conocer las necesidades y búsquedas de una mujer que otra mujer? La dinámica actual permite que las mujeres no sólo actúen entre sí, sino que hagan presencia a nivel grupal mediante el uso de redes sociales, plataformas online y aplicaciones. Estas las acercan al mundo de lo global por lo que se encuentran cada vez más informadas, más conscientes y ocupadas de su propia realidad. Las autoridades no han tenido ninguna mejor opción que adaptarse al cambio y entender que la nueva modalidad de hacer democracia y de hacer política es la de la inclusión, la de una democracia más “pareja”. Muchos movimientos han surgido alrededor de la búsqueda de mejores condiciones de vida para las mujeres, el feminismo como forma de vida ha generado mucha polémica a su alrededor, pero ha logrado posicionar mensajes de los que antes no se hacía mención: el abuso contra las mujeres, la violencia, la discriminación, el poco o nulo acceso a la vida política, o la disparidad de condiciones son motivo de lucha y de oportunidades para plantear soluciones a todos aquello que por mucho tiempo se vino arrastrando.

Incluir a las mujeres en nuestra forma de hacer política impacta directa y descomunalmente a la democratización de nuestras comunidades. Un terreno en el que se segrega violenta la calidad de igualdad y equidad que busca fomentar la democracia. Comunidades donde la legalidad sea condicionada al sexo con el que se nace no sólo violenta, sino que menosprecia nuestra calidad de humanos atentando contra nuestros derechos, mismos que se han planteado en nuestra Constitución y en las cartas que nos hacen participes de una comunidad global. Entendemos que la política no es exclusiva de varones, que las decisiones que más importancia y peso tiene pueden ser tomadas por mujeres porque su capacidad no se ve limitada al sexo.