¿Cuántas mujeres dentro de nuestro circulo social conocemos que tengan un puesto directivo dentro de una empresa? ¿Hay alguna mujer cercana que haya logrado jamás ser acosada? ¿Han tenido tu mamá o abuela acceso a la misma educación u oportunidades que tu padre o abuelo?

Seguramente las respuestas a las preguntas anteriores son similares si hablamos del mismo México; no nos podemos limitar a decir que las condiciones no han presentado ninguna mejoría porque definitivamente lo han hecho, sin embargo, no existen los mismos escenarios y estamos lejanos de alcanzar un equilibrio en la posibilidad de garantizar y ejercer los mismos derechos entre hombres y mujeres. Ellos presentan una conocida ventaja, aunque, en la legalidad, los derechos para ellos y ellas son los mismos; garantías a las que nos hacemos acreedores no por nuestro sexo sino por haber nacido humanos.

Para la democracia, garantizar que hombres y mujeres puedan ejercer sus libertades a plenitud y sin limitaciones, sin importar sus condiciones de raza, educación, preferencia sexual, religión o cualquier otra condición, es un ejercicio necesario. Entre los fundamentos que encontramos en esta forma de gobierno se encuentran el de el respeto a los derechos y la individualidad, así como el fomentar la participación de todos por igual. Gobernar para todos y por todos es lo que le da sentido a una representación de este tipo, pese a ello, mucho se ha tenido que hacer para lograrlo quedándonos incluso cortos ante la inversión social, legislativa y política que se requieren para subsanar los años de retraso en la materia.

Actualmente se busca que la igualdad formal transmute en una igualdad real, es decir, que aquello que está escrito en un papel se convierta en una realidad de nuestro día a día. Con ello gana la democracia y ganan las mujeres. Es por esto que en el año 2019 en México se legisló y creo la bien llamada “Ley de Paridad de Género” que no es otra cosa que un principio constitucional que se refiere a la participación justa, equilibrada y legal que asegura que al igual que los hombres, las mujeres en toda su diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática de nuestro país. Con lo anterior se pretende asegurar que las mujeres se involucren directamente en la política de sus comunidades, haciendo un reconocimiento a su liderazgo, su talento e incitando el respeto, además del fomento a los derechos fundamentales como el de la igualdad. La garantía que se otorga mediante esta reforma es la de un 50 – 50 en los cargos de elección popular, así como la de asegurar que las mujeres ocupen la mitad de los puestos administrativos dentro de las esferas del gobierno.

Un impacto directo de esta ley se da en la participación ciudadana pues con ello se vuelven miembros activos, no pasivos, de una vida más igualitaria en su carácter político y que, en un último escalafón, también es una vida más democrática.

La participación ciudadana se entiende como todas aquellas acciones que emprende un individuo adulto miembro de una comunidad, a través de la cual busca influir directamente en las políticas de ese sector al que pertenece. Estas acciones pueden ser: atender a la información política de sus comunidades, fomentar el análisis y participar en debates y discusiones sobre temas de importancia, ejercer y cumplir con su derecho al voto, involucrarse en eventos de campañas, afiliarse a algún partido, incluirse en actividades de partidos políticos, etc.

Respecto de las mujeres, esta participación se ha puesto a la sombra negando incluso, el acceso a ser miembros activos de grupos políticos. La resistencia y oposición al cambio son en gran medida atribuibles a la clase política en el poder, quienes han postergado crear un compromiso real con el movimiento de mujeres en su búsqueda de igualdad y acceso a oportunidades de bienestar reales, dejando de lado nuevas reformas, la creación de leyes e instituciones que favorezcan a la lucha.

Es necesario cerrar haciendo mención que la democracia no es sólo una forma de gobernar, la democracia es también creadora de instituciones, de ideologías y movimientos de los que nacen los grandes cambios que necesitan nuestras sociedades. A través de estas instituciones se puede trabajar para que las leyes no sólo se creen, sino que se formulen y ejecuten siempre con una perspectiva de género. Son estos órganos los destinados a gestionar los trabajos necesarios en pro del acercamiento de las mujeres a la vida en política de sus comunidades.